En una trama de política y fútbol, un fiscal acusó a otro de no haber investigado a Central Córdoba de Santiago del Estero en una causa por lavado

En una trama donde se mezclan política, fútbol y presunto narcotráfico, el fiscal federal de Santiago del Estero Pedro Simón pidió esta semana la indagatoria de su colega Cecilia Garzón, a quien acusa de haber favorecido con un sobreseimiento al senador nacional kirchnerista Gerardo Montenegro en una causa por lavado de activos y desvío de fondos públicos. En el expediente también aparece investigado el club Central Córdoba, entre otras entidades provinciales.

Aunque el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, es señalado públicamente por su presunta influencia en el ascenso de Central Córdoba a la Primera División, no figura imputado ni mencionado en esta causa. Toviggino ha defendido recientemente al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, frente a las denuncias por los vínculos de este último con Sur Finanzas, la financiera de Ariel Vallejo investigada por supuesto lavado de dinero y evasión.

Según un dictamen de 35 páginas al que accedió Clarín mediante fuentes judiciales, Simón acusa a Garzón de los delitos de prevaricato (dictámenes contrarios a la ley) e incumplimiento de deberes de funcionaria pública por su actuación en un escándalo de 2021, que involucró la entrega de 70 millones de pesos —unos 500 mil dólares de aquel momento— a una red de cooperativas vinculadas políticamente al senador Montenegro.

Montenegro, alineado con el ex gobernador de la provincia Gerardo Zamora, fue también directivo de la delegación santiagueña de la UPCN. Zamora juró esta semana como senador nacional y dejó la gobernación en manos de su delfín, Elías Suárez.

Simón presentó la denuncia contra Garzón —quien llegó a ser candidata impulsada por Cristina Kirchner para la Procuración General de la Nación— luego de que ella lo acusara ante el procurador de circular en un vehículo perteneciente a un empresario investigado por supuestos vínculos con el narcotráfico. Por ese episodio, a Garzón se le abrió un sumario.

Fondos en efectivo y el modelo Milagro Sala

El 95% de los fondos investigados fue retirado de los bancos en efectivo por militantes de las cooperativas, empleados provinciales y afiliados a UPCN, un mecanismo que —según Simón— imposibilitó su trazabilidad. Se trata del mismo esquema utilizado por Milagro Sala, condenada en Jujuy por varios casos de corrupción.

En su dictamen, Simón expresó sorpresa por un pasaje del pedido de sobreseimiento que Garzón presentó a favor de Montenegro. Allí, la fiscal reconoció haber tomado conocimiento de “otras cooperativas y asociaciones” con irregularidades “de mayor envergadura”, pero nunca las investigó.

Como ejemplo, Simón mencionó que Garzón se refería a tres entidades: Club Atlético Central Córdoba, Club Atlético Olímpico, y Cooperativa de Trabajo Sudeste Construcciones.

El fiscal cuestionó que Garzón haya criticado a la UIF (Unidad de Información Financiera) y a la PROCELAC, pese a que —según Simón— esas entidades también habían detectado irregularidades graves en esas tres asociaciones. Incluso el INAES abrió un sumario contra la cooperativa Sudeste Construcciones. Según la ex directora de la UIF, María Eugenia Talerico, los clubes de fútbol son sujetos obligados y deben emitir Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) al organismo sobre las operaciones de sus sponsors o los compradores de jugadores.

Más vínculos con el fútbol y el caso FIFAGate

Los cruces con el fútbol no terminan allí. Simón acusó a Garzón de no investigar transferencias bancarias realizadas por María Teresita Sciolla, esposa del senador Montenegro, a favor de SUMETAR S.A., una firma vinculada al escándalo internacional FIFAGate, según informes de la UIF y la PROCELAC.

Sciolla, además, habría adquirido inmuebles en Punta del Este y poseería bienes en el estado de Florida (Estados Unidos), ninguno de los cuales —según Simón— fue analizado por Garzón. También omitió investigar una transferencia de U$S 5.000 a la firma ENNAR Corporation Florida Region Depository.

A ello se suma una denuncia por el presunto origen ilícito de fondos utilizados por Sciolla para cobrar $7.942.709 en premios en el Casino de Buenos Aires de aquella época.

Autos de alta gama y bienes sin investigar

Simón detalló una larga lista de bienes que, a su entender, la fiscal omitió investigar: un BMW a nombre de JMSC S.R.L., un Jeep Renegade y una Ford Ranger adquiridos por Fabiana González, empleada de Montenegro en el Senado, quien llegó a solicitar la AUH antes de adquirir los vehículos, dos camionetas Audi Q2 y Q5 de Carlos Ibarra, y tampoco el patrimonio completo de los imputados y las cooperativas. JMSC es una distribuidora de alimentos en la que figura un hijastro del senador.

La declaración de Montenegro y el giro fiscal

El 11 de noviembre de 2022, Garzón indagó como sospechoso al senador Montenegro. Este negó todos los cargos y sostuvo que los informes de la UIF y la PROCELAC habían sido elaborados “de mala fe”. Presentó documentación sobre sus bienes y trató de justificar el origen de algunos inmuebles.

En su dictamen, Garzón destacó “la actitud colaborativa” del senador, una afirmación inusual en este tipo de procesos.

Aun así, reconoció una diferencia patrimonial no justificada de $7.335.753 para el período 2016-2020 en sus declaraciones juradas de bienes, pero relativizó su importancia alegando que se trataba de “una exigua cifra” al promediarla mensualmente.

Sobre esa base, Garzón pidió el sobreseimiento de Montenegro, su esposa y el resto de los imputados y otros militantes que retiraron el dinero en efectivo ni siquiera los investigó. La fiscal Garzón dictaminó que no hubo lavado de dinero porque los subsidios que recibieron las cooperativas eran “legales”, entre otros argumentos.

Y meses después el juez federal de esa provincia, Santiago Argibay, sobreseyó al senador y los otros imputados.

Veinte irregularidades y una denuncia explosiva

Simón acusa a Garzón de haber cometido alrededor de 20 irregularidades, entre ellas: validar incrementos patrimoniales injustificados del senador basándose en “una opinión personal”, no contrastar la prueba con los descargos, realizar una “interpretación arbitraria” de los informes de ARCA, y dictaminar sobreseimientos sin evaluar la totalidad del material recolectado.

La denuncia se origina en una presentación del abogado Alfredo Aydar. La causa en cuestión —a cargo de Garzón y ahora bajo examen— es la FTU Nº 150/2021, caratulada “Salvatierra Carlos Gustavo y otros s/ A Determinar”, iniciada a partir de una denuncia de la UIF y la PROCELAC, y tramitada ante el Juzgado Federal Nº 2 de Santiago del Estero. Ambas causas tienen ahora un final abierto.